Redacción/ Sevilla.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha expresado su preocupación por la reforma al fuero militar de ese país, según la cual un tribunal militar juzgaría las faltas de los miembros en activo de la fuerza pública.

En un comunicado, el representante en ese país de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, señaló que en el año 2012 hubo varios avances en materia de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, consideró que la reforma al fuero militar constituye un retroceso.

La controvertida Reforma fue aprobada por el Congreso de Colombia el pasado 11 de diciembre. Howland indicó que la promulgación el 27 de diciembre del Acto Legislativo 02, que reforma tres artículos de la Constitución Política de Colombia, contraviene las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos. Howland explicó que la norma básica de referencia es sencilla: las violaciones de derechos humanos no pueden ser objeto de la competencia de la justicia penal militar.

En ese sentido, agregó que la competencia penal militar es excepcional y debe estar limitada a conductas típicamente militares cometidas por personal en servicio activo.

Por otro lado, Catherine Ashton, jefa de la diplomacia europea, confesó confiar en que las autoridades colombianas demuestren que las preocupaciones por las consecuencias de la reforma «son infundadas», ya que afirma que la UE «ha recibido garantías de que esta reforma no dará lugar a la impunidad de autores de violaciones de derechos humanos, en conformidad con los compromisos internacionales de Colombia«.

Asimismo, otros organismos y ONG internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), mostraron su rechazo al nuevo fuero militar por considerar que va a favorecer la impunidad en aquellos casos de civiles muertos a manos de militares, y que son considerados caídos en combate (lo que se conoce como «falsos positivos»).

Lo que no conocerá la justicia militar
La reforma establece que el genocidio, la desaparición forzada, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el desplazamiento forzado, no podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar.

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, niega que la reforma permita la impunidad en casos específicos de delitos cometidos por los militares, y afirma que «los casos aberrantes como los falsos positivos, violaciones de niños (por parte de uniformados), de ninguna manera pasarán a la justicia militar».

Por otro lado anunció la creación de una comisión de juristas de alto nivel que será la encargada del fortalecimiento de la Justicia Penal Militar.