El pasado fin de semana, la Policía Nacional impidió en Elche (Alicante) la instalación de una fábrica ilegal de tabaco. Cinco ciudadanos búlgaros han sido detenidos. Más de seis millones y medio de euros habrían sido defraudados a la Hacienda Pública.
Pero la fábrica no era solo un lugar de trabajo. Estaba perfectamente acondicionada con camas, duchas, comedor… para que los trabajadores no tuvieran que salir. Incluso, para evitar que los empleados se comunicasen con el exterior mediante sus teléfonos móviles, se habían instalado inhibidores en la factoría.
El material que ha sido intervenido podría haber “elaborado 40 millones de cigarrillos que, atendiendo a las condiciones de salubridad de las instalaciones, podrían causar daños importantes a la salud de los consumidores” según afirma el comunicado oficial de prensa de la Policía Nacional. La hoja de tabaco se compraba en grandes cantidades en países productores. Los trabajadores se desplazaban desde Bulgaria en cada campaña para trabajar encerrados, en ocasiones, hasta un mes. No sólo se trata de un atentado contra la sanidad pública sino también se estaban vulnerando los derechos de propiedad industrial de dos marcas importantes de tabaco del país.
Además, la policía ha podido comprobar que existía un almacén de seguridad en el cual se guardaba la primera recepción del material para su posterior traslado a la fábrica. De hecho, durante la investigación, un camión con destino Elche llegaba con la mercancía a uno de estos almacenes. Las investigaciones comenzaron hace unos meses, con indicios de la posible instalación de una fábrica clandestina de tabaco cuya actividad estaría a cargo de una organización asentada en Bulgaria que además cuenta con diferentes ramificaciones en varios países de la UE. Se trataba de un grupo especializado en delitos contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, contrabando, contra la hacienda pública y sobre todo, pertenencia a organización criminal.
No es la primera vez que esta organización es desmantelada. En julio del pasado año, en una nave similar, se llevó a cabo una operación que desestructuró a la organización, 22 personas fueron detenidas. En aquella ocasión, las fábricas se encontraban en Málaga, Salamanca y Toledo. La incautación tanto del material como de la maquinaria tenía un valor de 7.960.338,15 euros.
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