Abril acoge la presentación de la quinta edición del Informe Bienal de la Seguridad en España, elaborado por la Fundación ESYS.

El informe analiza de forma objetiva y pormenorizada aspectos que van desde la ciberseguridad, la seguridad física, el terrorismo, la seguridad en el transporte, en el sector energético, así como de la seguridad frente a riesgos naturales o laborales, y ofrece una panorámica realista de la seguridad en nuestro país.

Respecto a ediciones anteriores, cabe señalar las mejoras en cuanto a la calidad y cantidad de los datos recopilados, las cuales ponen de manifiesto la creciente importancia y preocupación de Administraciones Públicas, empresas y particulares en materia de seguridad. Informes como este contribuyen a impulsar esa tendencia y constituyen una fuente de información muy interesante para las empresas y para el conjunto de la ciudadanía.

No obstante, a pesar de los avances conviene destacar que en términos generales y concretamente desde la Administración, a día de hoy la sociedad española todavía está poco informada en lo que a su propia seguridad se refiere.

Tal y como ha señalado el Director del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros Martín, autor del prólogo del informe “En un mundo globalizado, los riesgos y amenazas tienen carácter poliédrico, son cada vez más complejas, muy cambiantes y por tanto difíciles de predecir. Esto hace que la seguridad requiera enfoques integrales que permitan combinar múltiples capacidades, tanto públicas como privadas”.

En esta línea, también ha querido subrayar cómo los elevados estándares de bienestar y seguridad alcanzados, las nuevas tecnologías, etc., llevan aparejada una mayor permeabilidad fronteriza y ofrecen nuevas oportunidades a los agentes hostiles estatales y no estatales, nuevos riesgos y amenazas susceptibles de causar graves daños con pocos recursos.

La ciberseguridad constituye el sector que ha experimentado una evolución más rápida tanto a nivel de amenazas, de delitos denunciados (81.307 en 2017) como en el número de incidentes (se detectaron123.064 casos en las empresas solo en 2017).

No obstante, también se erige como sector donde más esfuerzos de protección se han llevado a cabo. A nivel de la Administración, ha sido notable la labor de los diferentes organismos al cargo de la ciberseguridad: CCN (Centro Criptográfico Nacional), CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad), INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), coordinados todos ellos a través del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Por su parte las PYMES han invertidos hasta 1.200 millones en medidas de Ciberseguridad solamente en 2017 con un crecimiento anual previsto que oscila entre un 11 y un 13%.

Según el informe, el presupuesto total destinado a combatir y prevenir las agresiones, los robos y otros riesgos deliberados, alcanzaba en el año 2016 los 10. 523 millones de euros. Gracias al aumento de la inversión pública y al crecimiento del sector privado la tendencia apunta hacia un incremento del gasto en Seguridad Física.

Las cifras de personal en el año 2017 alcanzaban los 322.016 profesionales (un 74,29% perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un 25,71% a la Seguridad Privada), con un ligero descenso en el número de agentes públicos y el constante incremento de profesionales en Seguridad Privada, que sin embargo no se traducen en personal activo.

Este fenómeno se explica teniendo en cuenta que el sector privado ha experimentado importantes cambios como consecuencia del auge del intrusismo laboral o la diversificación de servicios con la irrupción de nuevas tecnologías y la imposibilidad por parte de las empresas de asumir el volumen de nuevo personal que crece año tras año.

Desde 2011 la criminalidad ha descendido un 9,3%. Tendencia que se mantiene a la baja. Sin embargo, del mismo modo que han mejorado las cifras en cuanto al esclarecimiento de delitos y tasa de detenidos, las cifras de infracciones penales y en concreto por malos tratos han empeorado en el periodo de 2017.

El terrorismo vuelve a experimentar una mayor presencia que obedece al aumento de la actividad yihadista en los últimos años. Nuestra legislación se ha ido ampliando y adaptando en cada momento y la actual Ley Orgánica de Seguridad Nacional (2017) ofrece una mejor respuesta ante la amenaza terrorista. Se comprende entonces que haya repuntado a su vez el número de detenidos (96) y juicios (superior al 36%) y la sensibilización social a este respecto, aunque en términos generales el número de reclusos haya disminuido (-38,7% en los últimos 8 años).

España ocupaba en 2017 el puesto 50 en el Índice de terrorismo a nivel global y a pesar de haber experimentado un importante descenso en el ranking y una reducción del número de víctimas desde 2016(-27%), todavía constituye uno de los principales problemas de seguridad mundial teniendo en cuenta que desde principios de siglo la cifra de muertes por terrorismo se ha multiplicado por más de 6.

La siniestralidad en carreteras ha experimentado una reducción notable en la última década, tendencia que se ha visto alterada en los últimos tres años (1.321 fallecidos en 2017). Según el informe, el mayor número de muertes se produce por salidas de vía (40%) y en carreteras convencionales (76,7%).

Por lo que respecta al transporte ferroviario, el informe apunta a la ausencia de datos oficiales de los tres últimos ejercicios, con una disminución del volumen de mercancías peligrosas transportadas (-13,83% en 2016). A pesar de que los índices de accidentabilidad permanecen en niveles de seguridad altos, en los últimos las cifras han empeorado ligeramente y las causas de siniestralidad obedecen principalmente a descarrilamientos (45%) y colisiones (18%).

El sector del transporte aéreo ha experimentado un crecimiento tanto en el tráfico de pasajeros (aproximadamente 250 millones en 2017) como en el volumen de mercancías. La siniestralidad continúa disminuyendo y mantiene la tendencia a la baja de los últimos años, al igual que sucede con el número de víctimas. El mayor porcentaje de accidentes y mortalidad lo registran aeronaves de poco peso (71%).

La irrupción de los drones en este sector y su uso civil regulado por el Real Decreto 1036/2017 ya acumula 91 incidentes donde participan este tipo de aparatos solamente desde su aprobación.

En materia de seguridad del transporte marítimo se ha producido un incremento del comercio (6,4%) en todas las áreas del tráfico de mercancías y un descenso de la accidentabilidad (-5,7%), con 16 embarcaciones perdidas, en su mayoría buques pesqueros (66%) y de carga (16%). Por otra parte, el informe indica que el número de víctimas en 2017 aumentó (14 fallecidos y 13 heridos graves, un 28 y 46% más respecto al año anterior).

Las aguas de Galicia han registrado el mayor número de accidentes (37%), seguidas por las aguas andaluzas (20%). Pero en conjunto las emergencias marítimas han disminuido y en su mayoría se atienden incidentes relacionados con embarcaciones de recreo (55%) y buques mercantes (10%).

La seguridad en el sector de la energía (petróleo, gas, eléctrica y nuclear), en general comparte una ausencia de datos oficiales en cuanto a recursos invertidos y siniestralidad. No obstante, el informe identifica una mayor preocupación por informar sobre cuestiones de seguridad.

Según los indicadores TIEPI y NIEPI que permiten valorar la calidad del servicio de suministro eléctrico, España presenta un nivel muy alto de seguridad y una accidentabilidad inferior (49 accidentes y ninguna víctima mortal en 2016) si la comparamos con otros sectores energéticos.

En materia de seguridad nuclear, España continúa implementando medidas para resistir eventos naturales extremos y prevenir desastres como el de Fukushima. Según el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) el comportamiento de las centrales nucleares españolas ha sido correcto y no ha supuesto ningún riesgo, ni para las personas ni para el medio ambiente. Únicamente se han registrado dos incidentes en la última década y ningún accidente.

En los últimos años las cifras de incendios han empeorado respecto a periodos anteriores y solamente en 2018 se invirtieron 122 millones destinados a la lucha contra incendios y 2016 se zanjo con 175 fallecidos (166 en incendios y 9 en explosiones). Equipos eléctricos y fumadores figuran entre las principales causas. Sin embargo, todavía nos encontramos muy lejos de la media europea.

En nuestro país, la mayor parte de los incendios forestales son intencionados o negligentes (hasta el 60% en 2015) y la tendencia en cuanto a grandes incendios se ha mantenido al alza en 2017, siendo el noroeste español la zona más afectada (más de la mitad de la superficie forestal afectada).

Los datos en cuanto a seguridad respecto al resto de desastres naturales reflejan tan solo una víctima mortal por impacto de rayo, 84 fallecidos por inundaciones  y 9 por terremoto (2017 registró más de 5000 seísmos).

Por último y a tenor de los datos analizados, la seguridad laboral ha experimentado una mejora notablemente significativa en los últimos años. El coste de la protección frente a riesgos laborales en nuestro país se sitúa en torno al 1,1 – 2,3% del PIB y la población afiliada con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad cubiertos se ha reducido significativamente desde 2008, alcanzando las 15.110.534 personas con cobertura en 2017.

Paralelamente el informe refleja como en España el índice de siniestralidad se ha incrementado a lo largo de 2017 (1.335.190 accidentes de trabajo), rompiendo la tendencia descendente que experimentaba desde 2011- 2015. Sin embargo, resulta chocante que tanto los accidentes de trabajo como los accidentes con baja y los accidentes mortales se han reducido considerablemente (un 23,3, un 35,3 y un 40,3% respectivamente), lo cual podría estar condicionado por los elevados niveles de desempleo y el miedo a perder el trabajo en caso de aceptar una baja laboral.

La construcción es el sector con mayor índice de incidencia por accidentes mortales (10,0) seguido del sector agrario (9,9), la industria (4,8) y los servicios (2,2). Además 2017 ha experimentado un repunte significativo en materia de accidentes mortales en la construcción (15,6%), disminuyendo en el resto de sectores.

Los resultados que ofrece el estudio se traducen en indicadores fiables de las diferentes seguridades analizadas, que han sido examinadas atendiendo al marco legal y estructural del sector, datos económicos, de empleo o de siniestralidad entre otros. Información muy valiosa, tanto para los ciudadanos, las empresas o la administración a la hora de adoptar las medidas de seguridad necesarias y la toma de decisiones.