Redacción.

El Partido Popular y Convergencia i Unió han acordado este miércoles en el Senado modificar la redacción del artículo 41 de la Ley de seguridad Privada, de manera que se elimina la posibilidad de que los vigilantes privados patrullen zonas comerciales peatonales.

Según el texto original, que sí pasó el trámite en el Congreso, los vigilantes hubieran podido realizar labores de vigilancia en zonas peatonales comerciales, siempre previa autorización del órgano competente y en coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad.

Tras la nueva redacción del polémico artículo no podrán llevar a cabo este tipo de labores, aunque sí se mantienen otras como la vigilancia en el perímetro de centros de internamiento de extranjero y cárceles,

Este colectivo podrá, asimismo, participar en la prestación de servicios que se encomienden a la seguridad pública, siempre como complemento a la acción policial. Las competencias son muy amplias, ya que, con autorización previa, podrán vigilar en eventos deportivos, culturales, y otros que se celebren en espacios públicos, urbanizaciones o polígonos.

Vetos de varios partidos
Con los votos de PP y CIU no solo se ha modificado la redacción de este artículo, sino que se han rechazado los vetos presentados por PSOE, PSC, ICV, IU y ERC a la nueva ley.

Desde la tribuna socialista del Senado aseguran que con esta ley «se pone en cuestión el modelo constitucional», y que lo que se busca es «dar cobertura al negocio privado de las empresas de seguridad». El senador socialista Enrique Cascallana ha ido más allá, asegurando que la ley abre la puerta al principio de que «la seguridad es para el que se la pueda pagar».

Por su parte, el PP se defiende asegurando que «en ningún momento se pone en cuestión que la competencia exclusiva en seguridad le corresponde al Estado», y que el articulado de la ley así lo recoge en todo momento