Por G.B. D. Agustín Alcázar Segura (R).

No ha abundado España en hombres políticos que supiesen adelantarse a su tiempo para ver el futuro con meridiana claridad.

Lo fue el Conde de Aranda cuando, ya en 1793, trató de conjurar la tormenta que se avecinaba sobre nuestros territorios americanos proponiendo a Carlos III dividirlos en tres grandes naciones (Perú, Méjico y Costa Firme (1)) adjudicando cada una de ellas a un infante de la Casa Real. De esta forma, el rey de España se proclamaría emperador y se mantendría el vínculo dinástico a través de sendos pactos de familia.

Reconocía el Conde de  Aranda “… que no podemos sostener el total de nuestra América, ni por su extensión, ni por la disposición de algunas partes de ella, como Perú y Chile, tan distantes de nuestras fuerzas, ni por las tentativas que potencias de Europa pueden emplear para llevarnos algún jirón”. Y luego añadía: “Me he llenado la cabeza de que la América meridional se nos irá de las manos, y ya que hubiese de suceder, mejor será un cambio que nada (2).

Era demasiado avanzada para la época esta forma de pensar, y su coetáneo, el Conde de Floridablanca, consideraba que con ciertas modificaciones “paternalistas” se resolvería la cuestión americana, como refleja su pensamiento sobre este problema, dirigido a la Junta de Estado en 1787: La subordinación y propiedad de aquellos distantes vasallos no requiere otra política más segura y feliz que esta: cuidar que para el gobierno espiritual y temporal se escojan los sujetos más aptos para promover y conservar la pureza de la religión, la mejoría de las costumbres, la administración recta y desinteresada de la justicia y el buen trato, moderación y suavidad en la exacción de los tributos (3).

También Godoy, quizás buscando una solución intermedia entre los avanzados planes de Aranda, y las cautas recomendaciones de Floridablanca, confeccionó un proyecto, en 1804: “Mi pensamiento, dice, fue que, en lugar de virreyes, fuesen nuestros Infantes a la América; que tomasen el título de Príncipes regentes; que se hiciesen amar allí; que llenasen con su presencia la ambición y el orgullo de aquellos naturales; que les acompañase un buen Consejo, con ministros responsables; que gobernase allí con ellos un Senado, mitad de americanos y mitad de españoles; que se mejorasen y acomodaran a los tiempos las leyes de las Indias, y que los negocios del país se terminasen y fuesen fenecidos en Tribunales propios de cada cual de esta regencia, salvo sólo aquellos casos en que el interés común de la metrópoli y de los pueblos de América requiriese terminarlos en España” (4).

Los ejemplos de Aranda y Godoy, sobre todo el primero, demuestran que mentes preclaras habían detectado con tiempo suficiente las raíces del problema y apuntaban posibles soluciones para orientar una situación que, a no tardar mucho, como se evidenció más tarde, sería imposible reconducir.

La no adopción de medidas como las arriba apuntadas condujeron a un proceso de independencia en nuestros territorios americanos que se iniciaron en 1809 y se prolongaron hasta 1824, finalizando con la independencia de nuestro imperio, que quedó reducido en aquel continente a Cuba y Puerto Rico.

Durante el conflicto, Cuba permaneció leal a España, pero la razón hay que buscarla en el gran número de esclavos existentes en la isla y el temor a una repetición de lo ocurrido en Haití (5). Pero sería iluso pensar que el ejemplo dado por los territorios continentales no influiría en las Islas, y en efecto, ya en 1823 se creó una logia cubana, los Soles de Bolívar, formada por criollos que deseaban la independencia de Cuba. Incluso desde Méjico y la Tierra Firme se tramaron conspiraciones para separar la isla de España, si bien la habilidad de los capitanes generales pudo frustrarlas prolongando durante unos años la adhesión de la Gran Antilla a España.

Sin embargo, en 1837 se produjo un hecho tan desafortunado, que se puede calificar como el primer motivo del descontento de la población de la Isla y primera causa de los posteriores levantamientos: por dictamen de 10 de Febrero de 1837 las provincias de América y Asia, en lo sucesivo, debían regirse y administrarse por leyes especiales y sus diputados no tomar asiento en las Cortes.

A pesar de las protestas planteadas ante las Cortes, éstas no fueron atendidas, quedando la Isla sometida a un régimen que en lo fundamental estaba en manos de los Gobernadores Generales, que a la vez ejercían las funciones de Capitanes Generales. Los políticos de la Península no sentían las aspiraciones de la sociedad cubana de intervenir en su futuro, ni la creciente influencia del poderoso vecino del Norte, los Estados Unidos, sobre el comercio y el progreso de la Gran Antilla. Tenían suficiente con nombrar a los que ocupaban los cargos administrativos, que desgraciadamente en muchas ocasiones recaían en quienes no tenían la preparación necesaria o sólo buscaban la fácil y rápida fortuna.

Con la publicación del referido dictamen de 10 de Febrero de 1837 empezaría a manifestarse en Cuba la aparición de las tres corrientes de opinión contrarias a la pertenencia a España: la anexionista, la autonomista y la separatista.

Pese a que sucesivos capitanes generales, como Roncali, el Marqués de La Habana o el General Serrano expusieran al gobierno la necesidad de establecer una serie de reformas en la administración que satisficieran las aspiraciones de los cubanos y que les apartaran de las ideas independentistas, lo cierto es que no se avanzó lo necesario para satisfacer la marea incontenible que marcaban los nuevos tiempos.

A los incipientes deseos internos de emancipación habría que añadirles las apetencias anexionistas de Los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Sin embargo, por paradójico que pueda parecer, la propia debilidad española en el concierto internacional contribuyó a que se prolongase nuestro dominio sobre la Isla. La pugna por la Gran Antilla se mantuvo hasta mediados del siglo XIX, pero más tarde, conscientes ambas potencias de la oposición de la otra a su ocupación, optaron por una aparente neutralidad, aceptando la prolongación de la débil España como soberana de la isla.

La desacertada anexión de Santo Domingo en Mayo de 1861 se prolongó hasta Febrero de 1863, momento en el que se produjo una insurrección que finalizó con el abandono de la isla en Mayo de 1865. En este contexto resultaron proféticas las previsiones incluidas en el informe que el  capitán general de Santo Domingo, General de la Gándara,  remitió al gobierno el 9 de Enero de 1865, en el que le decía:

Es indudable que de la revolución actual han surgido y surgirán inconvenientes y peligros para Cuba y Puerto-Rico; el ejemplo ha sido funesto, y los elementos hostiles a España que allí existan y que de fuera los ayudasen, sabrán explotarlos en su provecho, así como la triste verdad, demostrada en esta guerra, de los graves obstáculos que para los ejércitos europeos ofrece la naturaleza de estas islas por las condiciones de su clima mortífero para los hijos de latitudes más septentrionales, los accidentes de su topografía, sus bosques más impenetrables, grandes distancias despobladas y general carencia de comunicaciones.

Todo ello se hizo realidad tres años más tarde cuando aprovechando la convulsión que se produjo en la Península como consecuencia de la Revolución de 1868, estalló la insurrección en Cuba. Ya a lo largo de los años anteriores se habían producido algunos movimientos, rápidamente atajados, pero la situación se mantenía en una tensa calma que la caída de Isabel II vendría a romper. En la noche del 9 al 10 de Octubre de 1868 lanzaba Céspedes su “Grito de Yara”, que marcaba el inicio de una campaña que duraría diez años y costaría a España del orden de las 65.000 bajas, la mayor parte debidas al clima.

La insurrección cubana se había iniciado y a través de tres conflictos sangrientos (Guerra de los Diez Años, Guerra Chiquita y Guerra de la Independencia) que llenarían lo que quedaba del siglo, culminaría con la separación de España en 1898. No obstante, las cosas podrían haber sucedido de manera diferente, pues si Céspedes y sus correligionarios hubieran dominando su impaciencia y aplazado sus reivindicaciones hasta que el gobierno salido de la Revolución de 1868 hubiera iniciado su andadura, es posible que hubieran obtenido de modo pacífico sus aspiraciones. Basamos esta hipótesis en la especial predisposición que, al menos uno de los artífices de la misma, el General Prim, demostraba hacia las pretensiones cubanas.

La intransigencia de los “españolistas” de la Isla y de los independentistas, unidas al desconocimiento de la problemática cubana de la mayoría de los españoles, así como los intereses de una determinada burguesía peninsular, especialmente la catalana (6), decididamente contraria a las demandas reformistas de los autonomistas, decida a reprimir la insurrección a cualquier precio, llevaron el problema cubano a un “callejón sin salida”.

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(1) En tiempos coloniales era el nombre que se le daba a Venezuela, al istmo de Panamá y parte de los territorios de Colombia, que más adelante formarían parte del Virreinato de Nueva Granada.
(2) Citado por FERNÁNDEZ ALMAGRO, en “La emancipación de América y su reflejo en la conciencia española”. Instituto de Estudios políticos. 1857. p, 23.
(3) Ibidem, p, 24.
(4) Ibidem, p. 27.
(5) REDONDO DÍAZ, Fernando: La guerra de los Diez Años. Monografías CESEDEN. Nº 14. Octubre 1995. p 35.
(6) REDONDO DÍAZ, Fernando: La guerra de los Diez Años. Monografías CESEDEN. Nº 14. Octubre 1995. p 17.