Por D. Julio Capón Caballero.

Una vez consolidado el gobierno de Felipe V, tras la guerra de Sucesión, comenzaron a desarrollarse una serie de reformas, cuyos principales objetivos eran incrementar la recaudación fiscal, reforzar los lazos de dominación entre la metrópoli y sus colonias americanas e introducir nuevos y más eficientes criterios de gobernabilidad en las posesiones coloniales.

En conjunto, fueron una serie de medidas centradas especialmente en la economía y la administración pública. Las reformas económicas afectaron a la minería, a la agricultura, al comercio colonial, a la Real Hacienda y la fiscalidad. Se crearon nuevos virreinatos (Nueva Granada en 1739 y Río de la Plata en 1777), se introdujeron las intendencias y superintendencias y se intentó acabar con los corregimientos (y con los abusos de los corregidores). En este sentido, las colonias debían dejar de ser únicamente proveedoras de metales preciosos para convertirse en abastecedoras de otras materias primas y a la vez mercados consumidores. El débil estado de las manufacturas peninsulares impidió, salvo algunas excepciones como la de los textiles catalanes, que este sueño modernizador se hiciera realidad.

El principal objetivo de las reformas era fiscal. Se pretendía reforzar por todos los medios el potencial recaudatorio de la Real Hacienda, ante las crecientes demandas de la corona, lo que permitió triplicar las rentas públicas.

Otro de los objetivos de las reformas era militar, dadas las continuas y crecientes agresiones de las potencias europeas rivales. Ingleses, franceses y rusos se tornaban cada vez más peligrosos en las costas del Pacífico Atlántico norte y en el Caribe.

Siguiendo el modelo francés, se crearon las Secretarías de Estado, Marina, Guerra, Hacienda y Gracia y Justicia. El cambio suponía una modificación radical respecto al Consejo de Indias, que atendía de forma exclusiva todo lo concerniente al mundo colonial.

Se quería limitar las atribuciones de los virreyes a las esferas gubernativa y militar, dejando todo lo referente a hacienda, economía y gestión administrativa en manos de técnicos especializados.

Las reformas comenzaron con éxitos parciales con el sistema de intendencias, cuyo principal objetivo era la descentralización administrativa, la mejora en la gestión y el mayor control por parte de los órganos de gobierno metropolitanos, tratando de desligar a las autoridades coloniales de los estrechos vínculos establecidos con las oligarquías locales.

En el campo de la justicia, se suprimieron viejos tribunales y se crearon otros nuevos. Así mismo, se nombraron nuevos oidores, la mayor parte de origen peninsular y pertenecientes al nuevo funcionariado ilustrado.

Todos estos cambios generaron tensiones, entre los principales afectados. Ciertos grupos de las oligarquías locales, desplazados por la llegada de los nuevos burócratas y técnicos, fueron acumulando agravios, algunos de los cuales se manifestarían con el estallido de los movimientos emancipadores.

Las reformas ensayadas en el terreno comercial incidieron en la transformación del comercio interregional americano y favorecieron el desarrollo de centros exportadores de productos primarios al margen de la minería tradicional. Incidieron, sin embargo, más profundamente sobre las importaciones que sobre las exportaciones. Se asiste a un progresivo abaratamiento en los precios de las manufacturas importadas, junto a un aumento considerable en el volumen de las importaciones.

En lo que se refiere al sistema monopólico que regía el comercio trasatlántico, las reformas más importantes afectaron a la Casa de Contratación, que en 1717 se trasladó de Sevilla a Cádiz. También se pretendió racionalizar su estructura y su gestión administrativa. Con todo, la reforma más importante consistió en la organización y establecimiento de un servicio regular de avisos o buques correo que mantuviera comunicaciones regulares entre la metrópoli y sus colonias.

En 1720 se publicó el «Proyecto para Galeones y Flotas del Perú y Nueva España y para Navíos de Registro y Avisos». El funcionamiento de los navíos de registro supondría en el medio plazo un golpe definitivo para el sistema de flotas y galeones, al poder garantizar el abastecimiento regular del mercado americano.

Simultáneamente se abolieron una serie de impuestos que gravaban el comercio y se autorizaron los intercambios de productos locales entre las islas comprendidas en el decreto.

Como la última medida permitió una importante reactivación del comercio, se decidió extender gradualmente la autorización a otros puertos.

Estas medidas repercutieron en un crecimiento de la actividad mercantil que se mantuvo durante buena parte de la centuria, básicamente tras la sanción del «Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias», del 12 de octubre de 1778, símbolo por excelencia de las reformas mercantiles. El Reglamento no autorizaba la libertad de comercio, sino que tan sólo introduce una serie de disposiciones tendentes a facilitar la actividad mercantil de los españoles (europeos o americanos) ya que los extranjeros seguían teóricamente excluidos del comercio colonial.

Asimismo, mantuvo los impuestos de alcabalas y almojarifazgos, eliminando los restantes que venían gravando al comercio colonial, como el de palmeo, tonelada, San Telmo.

La presencia en los mares americanos de los conflictos bélicos europeos, repercutió en el comercio colonial y en la forma en la que éste se desarrollaba. La duración de los conflictos amplió las medidas liberalizadoras. En 1797 se autorizó a los mercaderes españoles a comerciar en barcos de potencias neutrales.