Argelia se encara con su historia. Concretamente su pueblo, que ha levantado la voz en la calle a falta de cobertura política. Mientras tanto, la oligarquía que lleva dirigiendo al país desde hace décadas intenta evadir la presión por el cambio mediante una quema de brujas entre de los paladines del régimen. Un régimen iniciado por Abdelaziz Buteflika, quien se erigió como el responsable para la rehabilitación de la nación tras la guerra civil argelina (1991-1999). El dirigente se había ganado la reputación por su lucha contra los franceses durante la independencia, un papel que le concedería el beneplácito popular para ser el garante de la reconciliación argelina. Desde tal posición fraguó un sistema que monopolizó el poder en torno al Ejército y a los servicios de inteligencia, agentes artífices de vertebrar una élite autoritaria aliada con empresarios y políticos. Desde entonces, Buteflika encadenaría cuatro legislaturas seguidas y, hasta el pasado marzo, con intención de una quinta, pero el plan que se encontró con el rechazo de la masa popular, convirtiéndose en el punto de inflexión para el pueblo por el cambio del sistema político argelino.
Desde la dimisión del octogenario dirigente el pasado 11 de marzo, se ha dejado al descubierto los bastidores del poder en el Estado más grande de África. Las detenciones, nombramientos y dimisiones han sido una constante a propósito de los entresijos de influencia en plena purga, afanados por conservar el poder a expensas de sacrificar a personajes hasta entonces cómplices de un régimen clientelar, que hoy apunta como máximo responsable a Ahmed Gaid Salah, Jefe del Estado mayor y vetusto escudero de Buteflika.
Argelia ha estado desde finales del siglo pasado sometida a un poder opaco difícil de señalar y poner cara. Antes de la dimisión del presidente se percibieron gestos de cambio del régimen que denotaban la oportunidad de la oposición por alcanzar peso político real antes de caer en saco roto. Al mismo tiempo que el Frente de Liberación nacional (FLN) percibía las ansias por el cambio, comenzaron a verse escisiones internas en la cúpula del Gobierno; durante los últimos meses, mientras los argelinos se hacían oír en la calle, se libraba una disputa entre las fuerzas de la oligarquía argelina.
No se entiende el juego de poderes del país magrebí sin la figura de Ahmed Gaid Salah, quien se ha erigido como la figura del poder en Argelia. El paso al frente que ha dado el general evidencia la disputa entre las autoridades, un cisma que alcanza al orbe castrense, columna vertebral del poder argelino. En últimas fechas, los argelinos han visto como personajes que habían dirigido el país desde la guerra civil eran alcanzados por las purgas. Said Buteflika (hermano del expresidente), Ahmed Ouyahia (ex primer ministro); incluso empresarios como los hermanos Kuninef o antiguas cabezas de los servicios secretos como Mohamed Mediene Tufik o el general Tartag están hoy a la espera de un juicio que dictará su sentencia.
Que personas del calibre de Tufik estén bajo arresto prueba la limpieza intestina que está viviendo estos días la corte de poder argelina. Es especialmente significativo que hoy Tufik sea foco de los medios de comunicación cuando durante la época que lideró los servicios secretos era la figura más opaca del poder. Por su parte, Tartag ha sido cercano aliado de Buteflika que, sumado al arresto del hermano del antiguo mandatario, da más evidencias de la disputa entre clanes por monopolizar la influencia en el Gobierno.
Sin embargo, aun si el general Saleh está acabando con la competencia, las masas argelinas no ven en él una la solución, ya que representa el mismo orden anquilosado en el nepotismo que el pueblo argelino en la calle aspira a rescindir. Mientras siga presente la gerontocracia y apellidos dinásticos, el pueblo no dispensará en sus protestas. Anhelan una evolución política que corrija la corrupción y la ineficiencia gubernamental, reduzca los índices de paro y optimice los activos estratégicos. En colación a permutas estructurales, el cambio debe comenzar con la dimisión de las tres Bs: Abdelkáder Bensalah, presidente provisional; Nordén Bedoui, primer ministro; y Tayeb Belaiz, presidente del Consejo Constitucional. Hasta la fecha, el único que no sigue en el cargo es Belaiz.
Dentro de este levantamiento social, el marco económico también guarda su razón de peso. Argelia cuanta con la cobertura energética para sostener las arcas del Estado, sin embargo, esta dependencia está condicionada por la fluctuación de los precios de hidrocarburos en el mercado. Los proyectos para cambiar el monopolio económico del petróleo y el gas han sido materia constante de cada programa político, pero las pertinentes inversiones para que Argelia tuviera una infraestructura económica capaz de mantenerse más allá de sus fuentes energéticas nunca se han llevado a cabo. Ésta es una de las fuentes de disputa social, que ve como se malversan unos ingresos de los que Argelia como nación no percibe rentabilidad.
Antes de que en 2014 cayera el precio del barril, Argelia presentaba una estabilidad económica que le permitió acaudalar una importante suma de divisas y jugar con la inflación para sus contrapesos económicos. A partir de entonces la economía argelina ha ido languideciendo a raíz de la bajada de los precios, exigiendo al Estado a tomar medidas de austeridad. Asimismo, la élite del país es desconfiada a la hora de tratar con actores extranjeros sobre materia comercial. Una demostración de la introversión económica es la regla 49/51, que restringe la implicación extrajera a un máximo del 49% en pos de limitar su influencia. No obstante, ello no ha impedido que empresas estratégicas argelinas como Sonatrach, la compañía energética estatal, haya firmado acuerdos a medio plazo con Naturgy, Cepsa, Repsol o Total. De hecho, España es uno de los socios comerciales más importantes del país árabe.
Los datos en torno al marco laboral y su relación con la economía son otro punto de ruptura de la sociedad con el Gobierno, dado que prueban la mala distribución de los activos del país: Argelia vio como crecía su PIB un 2% en 2017 y se preveía que alcanzara el 3% para 2018. Sin embargo, sufre un 12% de desempleo, 24% si se cerca en el juvenil, y posee una latente desocupación de las mujeres. Por otro lado, mientras que la deuda pública subió del 15% en 2013 al 50% en 2017, el 12% del PIB se destina a subsidios. A ello hay que sumarle que el 40% de la masa laboral trabaja en el sector público, unos números que evidencian la implicación del Estado en las raíces de la economía, y que fortalece la morfología oligárquica argelina. Queda patente que el Estado quiere tener una presencia cardinal en cada marco estratégico del país, desde las empresas a la energía. Los hidrocarburos suponen el 50% de ingresos del Producto Interior Bruto; una fuente que también representa el 60% de sus ingresos presupuestarios.
Aún hoy, Argelia arrastra las secuelas socio-políticas de la guerra civil. En los últimos veinte años el país magrebí ha vivido una transición social con aspiraciones a una evolución política que no ha llegado, reflejado con la longevidad de Buteflika en el poder. Tras años con problemas de salud, quedaba constatado que el líder no estaba en facultades de gobernar, pero el Estado continuaba funcionando tras un poder que los argelinos no veían, un hecho que ha bloqueado políticamente a su sociedad gracias a la opacidad en torno al poder. Sin embargo, con la dimisión de Abdulaziz Buteflika se ha abierto la oportunidad a la clausura del sistema oligárquico responsable de la historia contemporánea de Argelia.
La máquina institucional de la política argelina es la razón de los cuatro mandatos de Butuflika. El intento de un quinto resultó el punto de ebullición de una sociedad que demanda la transición hacia una evolución política oficial. La situación que se ha visto en Argelia en el último trimestre denota que el cambio es una realidad. Está por ver cómo de profundo y qué implicación del grueso social se alcanza a partir de las próximas elecciones. La alta esfera argelina cree que sacrificando personajes públicos de la oligarquía será suficiente para apaciguar las ansias de cambio, pero la gente desde la calle ha demostrado que no compra el espejismo político y demanda el advenimiento de un Estado de derecho. El talante pacífico de las protestas ha dejado sin opciones la respuesta de las fuerzas del orden, que deben enfrentarse a un grueso social que ha probado su madurez política; la sociedad ha mostrado temple para romper con el pasado aún cuando el futuro más próximo mantiene inciertas sus alternativas. No obstante, la presión social vigente, responsable del golpe de efecto en el Gobierno, debe verse traducida en un cuerpo político que de forma y consolide la causa por cambio.
La convocatoria de Conferencia Nacional en vez de una Asamblea Constituyente ha acrecentado el descrédito gubernamental, dada la complejidad de alcanzar la representación pretendida y conformar el nuevo marco institucional que la protestas sociales demandan. El último en caer ha sido Belaiz, presidente del Consejo Constitucional, aliado perenne del clan Buteflika. Su dimisión es la última prueba de una justicia ficticia a modo de propaganda por parte del Gobierno, que sólo ha servido para aumentar la deslegitimación hacia las elecciones del próximo 4 de julio. El auge del Club de Magistrados retrata el mantra popular, un grupo que ha dado su negativa a supervisar las listas electorales; una declaración contra el sistema argelino y su Gobierno, representado por el presidente provisional, Albdelkáder Bensalá, responsable del decreto que dio vigencia a una elecciones que la calle no concede legitimidad por representar la penúltima prueba de corrupción del formato estatal de Argelia. Es por eso que cada vez es mayor la preocupación de que una prolongación de la situación argelina derive en un poder militar más visible, con el consecuente temor a la radicalización de los implicados. Al fin y al cabo es un hecho tácito que el verdadero paladín del régimen es el Ejército encabezado por Ahmed Gaid Salah, garante del Gobierno vigente.
Y a la hora de hablar de Argelia no se pueden desestimar sus condiciones geopolíticas. El país africano es un activo geoenergético y comercial de largo recorrido. Incluso si los informes que anuncian que las reservas energéticas del país magrebí tiene límites a medio-largo plazo, Argelia cuenta con el aval de su ubicación para cotizar sus implicaciones. Entre otras cosas, dadas las tensiones de la Unión Europea con Rusia, Argelia puede resultar una alternativa como proveedor energético; y en el caso de que se agoten sus recursos, podría servir de puente para enlazar gaseoductos de Mali, como ya existe, u otros puntos del continente africano. La transición que vive Argelia también debe atender también a sus imperativos geopolíticos, como la amenaza terrorista del Magreb, sus relaciones con Marruecos, el efecto colateral de la guerra civil libia o su contagio democrático con Túnez. Lo que es evidente es que la nación más grande de África, con raíces magrebíes y árabes, y con salida al Mediterráneo, tiene un impacto natural en su entorno que no va a pasar desapercibido para inversores ni estrategas. Queda por definir cómo se disponen unas autoridades argelinas aún por redefinir la arquitectura de poder y la inclusión del orbe civil en ésta. Las elecciones del próximo 4 de julio en Argelia medirán el alcance de la transición mediante la capacidad política de actores civiles y militares.
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