Héctor González.
Presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos.
Intenso, instructivo e inteligente. El debate sobre derecho a la información versus derecho a la seguridad de las autoridades nos aclaró que todos los implicados reclaman mayor organización conjunta, coordinación y respeto a su trabajo. Tanto la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos (APPV) como el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales (IEEI) de la Universidad Católica de Valencia (UCV), organizadores del acto, queríamos fomentar este intercambio de impresiones. También los colaboradores, la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE) y la Facultad de Derecho de la UCV.
Tras la apertura de la jornada que realizamos Jesús de Salvador, director del IEEI; Jacinto Aparicio, presidente de Avadise, y el autor de este artículo como presidente de APPV, comenzó el debate. Presentó y moderó a los ponentes Esther Cerveró, responsable de Formación y miembro de la ejecutiva de APPV. Los participantes en la sesión que tuvo lugar en la tarde del 16 de enero en el salón de actos de UCV fueron Arturo Checa, periodista, redactor del diario Las Provincias y miembro de la ejecutiva de APPV; Manuel Castilla, inspector y director de Comunicación del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad Valenciana; Emilio Rodríguez, director de seguridad; y David Muñoz, profesor de Derecho de la Universidad Católica.
Arturo Checa reclamó mejor organización de los actos públicos para evitar conflictos y lamentó la opacidad de muchos políticos al frente de cargos institucionales. Contrastó esta situación con la mayor transparencia existente en Francia o Reino Unido. Reivindicó como derecho el acceso a las autoridades para transmitir información a los ciudadanos.
Manuel Castilla explicó que el límite del derecho a la información queda regulado por la ocupación del protagonista de la información y por el lugar en el que se encuentre. También apuntó que si el agente considera que no existe justificación para la toma de imágenes, pedirá la filiación a quien las capte. Recordó que el derecho a la información prima sobre cualquier otro en la vía pública. Del mismo modo reclamó más implicación del director de comunicación del político protagonista de un acto, «que muchas veces deja el marrón a los responsables de seguridad».
Emilio Rodríguez, portavoz de los directores de seguridad, subrayó, por su parte, la cualificación y preparación de los escoltas y reivindicó su honradez e integridad. «No somos unos descerebrados», señaló literalmente. Exigió más organización para evitar que se produzcan malentendidos.
David Muñoz, profesor de Derecho de la Universidad Católica de Valencia, recopiló la jurisprudencia al respecto de EEUU, que defiende «la
discusión vigorosa y abierta contra el gobierno y los funcionarios públicos». Destacó que límite lo establece «el matiz de malicia o temeraria despreocupación de verdad». Reclamó la importancia del interés público y recordó que «no resulta fácil encontrar el correcto equilibrio».
Tras las intervenciones llegaron las preguntas, que continuaron ahondando en la cuestión y en los puntos de vista de cada uno de los implicados. Después, la clausura, que sirvió para mejorar la comprensión de las perspectivas de los diferentes ponentes y, sobre todo, para contribuir al respeto de la labor ajena.
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