Redacción.

El Ministerio del Interior ha tenido que habilitar dos nuevas oficinas en comisarías de Policía de  Cádiz y San Fernando para identificar a los más de 1.200 inmigrantes que han llegado durante la última semana a las costas de Cádiz.

La llegada masiva de más de 130 pateras a las costas de esta provincia andaluza, con 1.219 inmigrantes a bordo, es la mayor de la que se tiene constancia desde que existen registros oficiales.

Esto ha supuesto que las ONGs y los centros de internamiento para extranjeros se hayan visto desbordados desde la llegada de la primera oleada hace ahora una semana, lo que mantiene a más de 400 subsaharianos alojados en pabellones polideportivos de la localidad de Tarifa, bajo el cuidado de miembros de la Cruz Roja. Esta organización ha repartido a lo largo de la semana 3.600 cenas, 3.100 comidas, 2.100 mantas además de otros productos como utensilios de higiene.

Más de 200 voluntarios llegados de diferentes puntos de la geografía española están colaborando con la Cruz Roja para atender a los inmigrantes que se encuentran recogidos en estas instalaciones deportivas.

Difícil identificación
Desde que se inició este aluvión, las comisarias de La Línea y Algeciras se afanan en tratar de identificar a los inmigrantes que van llegando. Según el protocolo, los inmigrantes irregulares deberían ser enviados a centros de internamiento bajo vigilancia, aunque en la mayoría de los casos no se cumple, y son enviados a centros de las ONG que se hacen cargo de ellos.

La tarea está siendo sumamente difícil para la policía, ya que en la mayoría de los casos no es posible acreditar la procedencia de los inmigrantes, que llegan sin ningún tipo de documentación, y aseguran provenir de países con los que España no tiene tratados de repatriación.

En las comisarías se está alojando de manera provisional a muchos de estos inmigrantes, que cumplen en las mismas las 72 horas máximas de detención legal, tras lo cual son enviados a los centros de las ONG preparados para atenderlos o a centros de internamiento de toda España (que están a límite de su capacidad).

Desde casi el inicio de esta oleada, el alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, del PP está reclamando al Gobierno central «medidas excepcionales para paliar una situación excepcional».