Redacción

Este martes se aprobaba en el Congreso de los Diputados el texto del proyecto de Ley de Seguridad Privada, con el apoyo de CiU y PNV, tras lo cual será remitido al Senado.

La nueva ley introduce cambios importantes en cuanto a las competencias asignadas a los vigilantes de seguridad, que tendrán la facultad de detener a aquellas personas a las que sorprendan cometiendo un delito, siempre que éste ocurra dentro del ámbito de su protección.

En el articulado, en concreto en el artículo 32.1 c), se especifica que el vigilante que llevara a cabo esta detención, inmediatamente después tienen que ponerlo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

Asimismo, en la ley se especifica que en ningún caso los vigilantes de seguridad podrán proceder al interrogatorio del detenido, practicar cacheos ni detenciones arbitrarias.

En su página web el Ministerio del Interior ha querido explicar que el motivo de recoger esta facultad en la nueva ley es evitar que se llegue a la situación de que un vigilante de seguridad que sorprende a quien acaba de cometer un delito, deba permitir que huya, incluso con los instrumentos y efectos del delito, aunque tenga la posibilidad de proceder a su detención.

Apuntan también desde el Ministerio que esta facultad ya existe en la vigente ley, en la que se recoge que los vigilantes de seguridad podrán «poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos».

90.000 puestos de trabajo en la actualidad
Por otro lado, como el propio ministro del Interior ha reconocido, otra de las ideas que se persigue con esta nueva ley es la de que las empresas de seguridad privada tengan más negocio, ya que, según las cifras que aportan, en España es un negocio con margen para crecer (hay menos vigilantes por habitantes que en Alemania, Francia o reino Unido). Un negocio que da trabajo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros anuales.

Y aunque reconoce que se quiere fomentar el crecimiento del sector de la seguridad privada, ningún caso, asegura, es para que sustituya a la pública en asuntos fundamentales.

Sin embargo, no es así como lo ven los profesionales de la seguridad pública, como es el caso del portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, que auguró que habrá «muchos problemas” entre la policías y los vigilantes privados con esta nueva norma», informa Servimedia.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles aseguran estar «rotundamente en contra» de lo que supondrá, consideran, una «privatización encubierta de la seguridad pública».