Por Carlos González de Escalada Álvarez

Las Fuerzas Armadas, como el resto la sociedad , evolucionan conforme con sus tiempos y hoy España puede presumir de tener unos Ejércitos perfectamente respetuosos con el sistema democrático y con la Constitución que todos nos hemos dado. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un debate incómodo que reclama una reflexión serena y razonada. Existe una corriente de opinión contraria a que el personal militar tenga limitados o suspendidos algunos derechos constitucionales como son el ejercicio de una actividad política, derecho de huelga, libertad de expresión, libertad de asociación, condiciones laborales irrestrictas y otros. Se llega a usar un contundente eslógan: «a los militares no se les pueden negar los derechos constitucionales que tienen el deber de proteger».

Hablar de los derechos fundamentales de cualquier español es un asunto muy serio que no puede ser tomado a la ligera. Efectivamente un militar en activo no es libre para escribir el artículo que le apetezca; incumplir una orden; llevarle la contraria a un superior o de salir de su unidad a destiempo. Y si lo hace, se le aplicará el régimen disciplinario. Igualmente, una compañía del Ejército de Tierra, destacada en Afganistán probablemente se verá en situaciones donde realiza su actividad en condiciones de extrema austeridad y peligrosidad que no serían admisibles en el ámbito laboral civil.

Derecho a la tutela judicial efectiva
El debate llega a su punto álgido con la reclamación a «la tutela judicial efectiva», que no se pueda privar a un soldado de su libertad sin ser puesto inmediatamente a disposición de un juez, para que se le juzge de forma profesional. Como los argumentos son poderosos, y mi conocimiento del derecho no es profundo, hablé de este asunto en concreto con un magistrado de la Audiencia Provincial de Granada. Le planteé que, a tenor de las declaraciones de algunas  asociaciones profesionales, hay militares en activo que consideran que sus derechos humanos estaban siendo violados, y concretamente cuando se les arresta y priva de libertad. «¿España viola los derechos humanos de sus militares?», le pregunté.

Me dijo que no, que esto es un disparate. Que los derechos de los militares, en determinados supuestos pueden estar limitados o suspendidos por razones obvias de fomentar la disciplina en situaciones extremas de conflicto o guerra. Pero que no son el único colectivo que en determinadas circustancias pueden ver sus derechos limitados (pensemos en los servicios mínimos en una huelga). En el caso de la tutela judicial efectiva, me explicó que en todo caso, siempre existirá una instrucción formal y una capacidad de recurso, primero ante la justicia militar y en todo caso ante la justicia ordinaria. Que tampoco se puede pretender que un juez togado militar, tenga que entender y en su caso autorizar todas las sanciones que conlleven un arresto.

Jauja civil
Tampoco la vida civil es una jauja donde todos son derechos ilimitados. Un empresario que compruebe que un empleado le critica denodadamente en un periódico no tendrá reparo en ponerlo de patitas en la calle. Por mucho que la discriminación política sea una violación flagrante de un derecho fundamental; a ese mismo empresario si tiene un contrato con la Comunidad de Madrid, no se le ocurre criticar abiertamente al PP y sus cargos públicos (si quiere mantener su contrato).

En cuanto a la privación de libertad, si cualquiera de nosotros tiene la mala suerte de tomarnos una copa en un local donde se hace una redada, nos podemos ver pasando la noche en un calabozo. Si vemos las cosas con sentido común, descubrimos que el ejercicio pleno de los derechos fundamentales tiene de facto, limitaciones cotidianas para todos nosotros, aunque de iure nos sean inaliebles.

Tampoco es realista que las Fuerzas Armadas, con 120.000 hombres y mujeres encuadrados en filas, funcionen con la misma eficacia y despliegue de liderazgo que una joven empresa de 10 empleados, donde todos están a partir un piñón. Las grandes institituciones, por su propia naturaleza se vuelven lentas e insensibles ante el anhelo individual. Pretender lo contrario es quimérico.

Lo que sí cabe esperar es una especial sensibilidad y capacidad de liderazgo para tratar los asuntos de nuestro personal militar. Un ministro de Defensa no puede gestionar con la misma visión que un ministro de Agricultura, porque «su gente» no tiene la misma capacidad para reinvicar lo que cree que es justo. Es más, un ministro de Defensa puede tener que ordenar que sus «empleados» se jueguen la vida para cumplir su misión. Con todos los respetos, un funcionario de correos no jura dar su vida por España. Por ello el que lo hace es y debe sentirse especial, protegido y admirado.

Porque un militar es una persona con las mismas ganas de prosperidad y de mejora en sus condiciones de servicio que cualquiera. Algunas pretensiones serán más razonbles o realistas que otras, pero todo lo que se plantee con legitimidad y lealtad, debe ser considerado por los superiores. El «esto es lo que hay» es una manera muy pobre de convencer a un marinero o a un soldado que empieza con ilusión su carrera de armas.

Si esta presión es ignorada, tenderá a salirse por las costuras del sistema. Un liderazgo efectivo, que conlleve una pedagogía intensa sobre las limitaciones y la austeridad de la carrera militar son imprescindibles. Pero también es la carrera del honor, de la admiración y del deber cumplido. La carrera de los mejores.

Ha de imponerse la cordura de pensar que los militares, precisamente por las etrecheces y limitaciones que aceptan, tienen más mérito que el resto.

Son especiales, cuando no mejores.