Redacción.

La colaboración entre la Guardia Civil española y la policía rumana ha permitido el éxito en la operación «Benisol» para desarticular una organización internacional dedicada a la explotación laboral.

La investigación comenzó en 2011 cuando un familiar de una de las víctimas denunció la situación en la que ponía de manifiesto que había una familia de origen rumano retenida contra su voluntad en una vivienda de La Roda (Albacete).

Según la Guardia Civil, el denunciante comunicaba que dicha información la había recibido directamente de la víctima tras hacerse con un teléfono móvil aprovechando un descuido de sus captores.

 Las investigaciones posteriores permitieron conocer la existencia de más víctimas de esta organización, todas de nacionalidad rumana.

Los 14 integrantes de esta red han sido detenidos. Todos afincados en España. Además, se ha imputado a otras 3 personas residentes en Rumanía.

 Los agentes, mediante una Comisión Rogatoria Internacional y apoyados por la DIICOT (Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo en Rumania), se trasladaron a las localidades rumanas de Bucarest, Brasov, Craiova y Ploiest, donde conjuntamente con la Policía de Rumania se pudo identificar a los integrantes de la organización criminal en ese país.

 La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo (Albacete).

Promesas laborales
Esta organización captaba a personas en Rumanía mediante anuncios de prensa y buzoneo, prometiéndoles un trabajo altamente remunerado y sin especialización en España. Se les aseguraba además alojamiento, manutención, traslados y documentación en España sin cargo alguno. Para otorgar mayor apariencia de legalidad, se firmaban los contratos en presencia de un abogado.

Una vez reunidos cierto número de víctimas, se les trasladaba por grupos en autobús, siempre acompañados por alguien de la organización. Una vez en España, eran entregados a un encargado afincado en el país.

A continuación, la red exigía a las víctimas los gastos, por lo que las personas explotada adquirían una deuda con los miembros de la red que tenían que saldar con el trabajo diario. En algunos casos, la organización exigía a las víctimas 600 euros por la inscripción en España, en el registro de ciudadanos de la Unión Europea.

Hacinamiento
Una vez en España, las víctimas eran alojados en viviendas alquiladas por la organización criminal, en pésimas condiciones de salubridad, llegando a albergar un mismo domicilio 30 personas (hasta el punto de que en una de las viviendas, la bañera era utilizada como cama), con jornadas laborales en campañas agrícolas y siempre bajo amenazas y agresiones.