Por GB. D. Agustín Alcázar Segura ( R ).

La fundación de la Guardia Civil [1] data de comienzos del año  1844, España se encontraba en la imperiosa necesidad de resol­ver el problema de la seguridad pública a través de una institución fuerte y fiable. Las razones que justificaban aquella necesidad pueden resumirse en tres.

En primer lugar, era preciso priorizar la seguridad pública frente a las alternancias de gobierno, lastradas por la inestabilidad ministerial y la falta de continuidad política, con la amenaza de un casi continuo clima de guerra civil.

Por otra parte, se había creado un nuevo orden en la propiedad rural como consecuencia de la desamorti­zación emprendida por Mendizábal. Era necesaria, por tanto, una mayor seguridad en la zona rural, ante el con­siguiente fraccionamiento de la propiedad, que había pa­sado a manos privadas. Además, con la endeble paz alcanzada con la finalización de la Primera Guerra Carlista en 1840, se reactivaron los desplazamientos por los caminos, al tiempo que se pro­dujeron avances en la política de obras públicas.

Por último, el elemento más constatable por el pue­blo llano era la presencia endémica del bandolerismo, que se dejó sentir con mayor virulencia, si cabe, tras la des­movilización subsiguiente al fin de la guerra.

Asimismo, conviene resaltar la importancia que la po­blación rural española tenía en aquellos años. De los quince millones de habitantes con que contaba España en aquella época, una buena parte residía en la zona rural: cuatro de cada cinco personas vivían en poblaciones de menos de diez mil habitan­tes. A ello se sumaba el elevado analfabetismo (sobre todo en el campo), un factor agravante puesto que alcanzaba al setenta por ciento de la población, en claro contraste con la creciente industrialización de las áreas urbanas.

La conclusión de todo esto es tan simple como con­tundente: se hacía absolutamente necesario un cuerpo de seguridad pública de ámbito estatal, fuerte y profesional.

En estas circunstancias, el 26 de Enero de 1844, el Gobierno sacó a la luz un Real Decreto anunciando la organización de un servicio de protección y seguridad pública a cargo del Ministerio de la Gobernación, en el que se hacía referen­cia a la organización de «una fuerza especial, destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades».

El día 28 de Marzo apareció un Real Decreto en el cual se hacía referencia a ese cuerpo especial de infan­tería y caballería, que dependería del Ministerio de la Gobernación y tendría «la denominación de Guardias Civiles», según texto introducido más tarde. El decreto, poco preciso, dejaba en manos de los responsables po­líticos el empleo de la nueva institución, más civil que militar.

A fin de organizar el nuevo cuerpo, fue comisionado el mariscal de campo don Francisco Javier Girón y Ezpe­leta, duque de Ahumada, entonces inspector general mi­litar, al que se dieron amplias facultades para el desarrollo del pro­yecto. El duque elaboró un informe con fecha del 20 de Abril en el que sugería significativos cambios en la organización, al tiempo que proponía una serie de importantes mejoras para reducir el gasto inicialmente previsto[2].

Con fecha de 13 de Mayo, se promulgó un nuevo Real Decreto, que fue ya fir­mado y presentado a la Reina por el capitán general don Ramón María Narváez, nuevo presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, y que constituyó el verdadero y definitivo decreto fundacional del nuevo cuerpo de se­guridad.

Según se recoge en el artículo 1° de este Real Decreto, la Guardia Civil dependerá «del Ministerio de la Guerra en lo concerniente a su orga­nización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del Ministerio de la Gobernación en lo relativo a su servicio peculiar y movimiento». En este documento, quedaron fijadas las bases generales que han regido las relaciones en la institución hasta nuestros días.